COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. RECLAMAR A MOROSOS

Fecha de publicación: 06/05/2016

En todos los conflictos, y también en los casos de morosidad, es aconsejable ejercer intensamente la mediación, hasta donde sea posible, a fin de llegar a un acuerdo. A veces las conversaciones no dan frutos, y se hace necesario usar otras vías legales para asegurar el cumplimiento del deber del copropietario moroso.

Para iniciar una reclamación judicial, hay que tener en cuenta el procedimiento. La forma es tan importante como el fondo, por lo que prestaremos especial atención.

Trámites previos a la reclamación judicial

  1. La comunidad de propietarios debe acordar en Junta debidamente convocada, la liquidación de la deuda, así como autorizar al presidente o al administrador exigirla judicialmente.
  2. Justificación de la vigencia del cargo de presidente en el momento del otorgamiento de los poderes para pleitos, o cuando se inicia el procedimiento. Será necesario un certificado del acta de nombramiento.
  3. El segundo paso es comunicar al deudor, por escrito al domicilio que tiene designado para las diferentes notificaciones referentes a la comunidad, la liquidación de la deuda. Si no existe domicilio de notificaciones, ésta se hará en el piso o local del deudor en la comunidad. Si esto tampoco es posible, el acuerdo adoptado se expondrá públicamente en el tablón de anuncios de la comunidad. De tener que proceder de esta manera, la notificación, firmada por el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, debe explicar los motivos por los que se procede de esta forma.

Una vez notificada la deuda detallada al deudor, éste tiene un plazo de 3 días para realizar el pago. Si no lo hace, el secretario certificará el acuerdo de la junta y el impago de los importes debidos, con el visto bueno del presidente de la comunidad.

La documentación anterior ya sirve para demandar el deudor ante el Juzgado de 1ª Instancia que sea competente, o sea, el del domicilio del deudor o de la finca.

Estos trámites los puede hacer la comunidad, sin necesidad de contratar abogado y procurador, siempre que la cantidad reclamada sea de hasta 2.000 €. en los que sí son necesarios.

El procedimiento se inicia con la presentación del certificado de aprobación del y la notificación correcto al propietario afectado.

Localizado el deudor, el Juzgado da un plazo de 20 días para pagar o para oponerse a la deuda. Si el deudor no atiende el requerimiento, se instará la ejecución de la deuda, pero si el propietario se opone a ella, se iniciará un proceso declarativo. En este caso, la comunidad puede solicitar embargo preventivo de bienes.

El Juez determinará el pago más las costas y los intereses generados, en su caso.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

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